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Gobierno del Estado otorga becas para tratamientos contra adicciones

A través de la Secretaría de Salud invierte 300 mil pesos para pacientes sin recursos
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, ofertó 10 becas de tratamientos residenciales, con una inversión de 300 mil pesos, a igual número de personas con dependencia a sustancias psicoactivas y que no cuentan con los recursos para costear su terapia, para que sean atendidas en centros privados residenciales con reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En reunión del Comité de Supervisión de Establecimientos Residenciales, se asignaron dichos tratamientos subsidiados por el Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones de la Secretaría de Salud federal para que los beneficiarios de los mismos sean atendidos en 4 de los 9 establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial en la entidad.

Por el momento, los usuarios del programa son referidos y valorados en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-Capa) ubicadas en Colima, Tecomán y Manzanillo, mismos que harán la referencia a los cuatro centros asignados para el tratamiento y darán seguimiento a los beneficiarios.

La Comisión Estatal contra las Adicciones (Ceca) informa que para cada uno de los tratamientos se destinan 30 mil pesos y el propósito de esta inversión es apoyar a las personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, mediante terapias profesionales gratuitas que se otorgarán en establecimientos privados ubicados en Colima, Tecomán y Villa de Álvarez.

En esta reunión, a la que asistieron representantes del Ceca, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Comisión Estatal de Derechos Humanos y Centro Mexicana de Servicios AA, se reiteró que este subsidio tiene como objetivo fundamental apoyar a personas con trastornos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas que no cuentan con recursos para costear dicho tratamiento.

Asimismo, en este caso se implementará el mecanismo de Contraloría Social como práctica de transparencia y rendición de cuentas, cuyo procedimiento será realizado por los mismos beneficiarios, para que verifiquen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos asignados de los programas de desarrollo social.